Por primera vez, un rector de una universidad regional asume la presidencia de la Corporación de Universidades Privadas. Carlos Isaac, quien encabeza la Universidad Viña del Mar desde 2017, llega a la CUP con el desafío de llevar la mirada de las regiones a una discusión que, a su juicio, continúa demasiado concentrada en Santiago. Descentralización, financiamiento, equidad e innovación son algunos de los ejes que marcarán sus dos años al frente de una entidad que representa a cerca de 200 mil estudiantes – un 23% de la matrícula nacional- y tiene presencia en 13 regiones del país. En conversación con Costa Magazine, plantea la necesidad de revisar una reforma de educación superior que considera enfocada en el control y poco preparada para los desafíos del futuro. También defiende el potencial de la educación online, el fortalecimiento de la educación escolar y un sistema de financiamiento que ponga al estudiante, y no a las instituciones, en el centro de las decisiones.
- Entrevista: Cristian Muñoz
- Fotografías: Paulina Moraga
Asumir la presidencia de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) representa para Carlos Isaac mucho más que un reconocimiento a su trayectoria como rector de la Universidad Viña del Mar, cargo que ejerce desde 2017. Su llegada marca un hito. Por primera vez, un rector de una universidad regional encabeza esta entidad que reúne a 15 instituciones de educación superior y tiene presencia en 13 regiones del país. Desde Viña del Mar, y con el desafío de conducir durante dos años una organización cuyo quehacer sigue fuertemente concentrado en Santiago, Isaac asume la tarea con una convicción clara: la descentralización no puede seguir siendo solo una declaración de principios, sino que debe transformarse en una política capaz de reconocer el aporte que las universidades hacen al desarrollo de sus territorios.
Su mirada también se instala sobre uno de los debates más persistentes de la educación superior chilena, el financiamiento. Después de dos décadas marcadas por el CAE, la gratuidad y sucesivas modificaciones al sistema, sostiene que todavía no existe la certeza que requieren las familias ni las propias instituciones. Para Isaac, el foco debe desplazarse desde las universidades hacia los estudiantes, entregándoles mayor libertad para elegir dónde estudiar y avanzando, al mismo tiempo, hacia un sistema que contribuya efectivamente a una mayor equidad. Una tarea que, a su juicio, también comienza mucho antes de llegar a la universidad, fortaleciendo una educación escolar que permita reducir las brechas con las que miles de jóvenes enfrentan su trayectoria académica.
Pero quizás uno de los aspectos más interesantes de su mirada está en la necesidad de preparar al sistema para lo que viene. El recién asumido presidente de las universidades privadas cuestiona una reforma de educación superior que, a su juicio, fue concebida mirando principalmente los problemas del pasado y que terminó privilegiando el control por sobre la innovación. En ese escenario, defiende el potencial de la educación online, especialmente para estudiantes adultos, trabajadores y personas que viven en zonas alejadas, y plantea que los mecanismos de aseguramiento de la calidad también deben evolucionar para acompañar nuevas formas de enseñar y aprender.
Con estas convicciones, y en un momento en que el sistema enfrenta restricciones presupuestarias y nuevas discusiones sobre sus políticas, el rector de la UVM inicia su período al frente de la CUP convencido de que revisar lo construido no significa retroceder, sino abrir espacio para pensar la educación superior que Chile necesitará en los próximos años.
Su nombramiento tiene un componente histórico. ¿Qué significa para usted que, por primera vez, un rector de una universidad regional asuma la presidencia de la CUP?
Sin duda que es un honor, pero también ratifica la vocación regional que tiene la CUP. Que durante estos dos años sea un rector de una universidad regional quien presida la corporación no deja de ser un desafío, porque gran parte de las decisiones y de la discusión nacional siguen concentrándose en Santiago. Por lo tanto, no es fácil traer las cosas a regiones. La CUP tiene un peso relevante, tanto por la cantidad de estudiantes que representa como por su presencia en 13 regiones y por el aporte que sus instituciones han realizado durante los últimos años a las políticas públicas y a los distintos temas de educación. Desde esa perspectiva, creo que este nombramiento también permite poner con mayor fuerza la mirada regional en la discusión nacional.
La descentralización es uno de los énfasis que ha planteado para estos dos años. ¿Qué medidas concretas son necesarias para que las universidades regionales tengan un papel más decisivo en el desarrollo de sus territorios?
Hemos estado planteando hace tiempo que la descentralización es un camino necesario para el desarrollo del país y, además, es algo que fomentamos como Universidad de Viña del Mar. El problema de la descentralización es nacional, pero resulta muy significativo que en la reforma de educación superior de 2018 el tema regional prácticamente no aparezca. No existe una consideración ni una política pública que esté apoyando de manera integral a las universidades regionales.
Hay que entender que las universidades no solo forman profesionales. También pueden ser motores del desarrollo de sus territorios. Eso implica fomentar el empleo, generar condiciones para que los talentos de las regiones puedan quedarse trabajando en ellas, fortalecer la investigación y vincular ese conocimiento con las necesidades concretas de cada territorio. Si queremos un país realmente descentralizado, necesitamos que las capacidades también se desarrollen y permanezcan en las regiones.
En materia de financiamiento, ¿qué cambios considera indispensables para avanzar hacia un sistema más estable y sostenible?
Llevamos 20 años discutiendo este tema. Hace dos décadas apareció el CAE, que ha estado permanentemente en la polémica, y después, en 2016, comenzó la gratuidad. Son sistemas que tienen que ver directamente con el financiamiento de la educación superior, pero finalmente no han entregado las certezas que el sistema necesita. Siempre están en discusión, en análisis o en proceso de modificación, pero el tema no termina de zanjarse. Eso genera incertidumbre tanto en las familias como en las instituciones.
Lo que uno esperaría es que el sistema de financiamiento estuviera centrado en las necesidades de los estudiantes más que en las propias universidades. Si una persona califica para recibir apoyo financiero, debería tener la libertad de escoger a qué institución desea asistir. El financiamiento debería acompañar al estudiante y no estar condicionado por la institución a la que pertenece.
¿Eso permitiría avanzar también hacia una educación superior más equitativa?
Exactamente. Nosotros postulamos a que exista mayor equidad en la educación superior y a que los talentos se distribuyan de manera uniforme en la sociedad. El problema es que los estudiantes no tienen las mismas oportunidades para acceder a la universidad. Una parte de esa desigualdad tiene que ver con el financiamiento, pero también con que las propias instituciones deben ser capaces de adaptarse para promover una mayor equidad.
La gratuidad, tal como se ha implementado, ha demostrado que no ha mejorado la equidad en la medida que se esperaba. Por eso creemos que el financiamiento debe centrarse más en los estudiantes que en las instituciones.
Y desde la CUP también favoreceríamos un mayor financiamiento para la educación escolar. Creemos que eso genera más equidad y permite que los estudiantes lleguen mejor preparados a las exigencias de la vida universitaria. Hoy las universidades muchas veces debemos dedicar uno o dos años a nivelar a estudiantes debido a las deficiencias de la educación escolar. Si queremos mejorar la educación superior, también tenemos que preocuparnos de lo que ocurre antes de que los jóvenes lleguen a ella.
Hablemos de educación online. ¿Qué papel cree que tendrá en el futuro de la educación superior?
La educación online ha crecido exponencialmente en el país y es una modalidad de muy buena calidad, que presenta muchas ventajas. Permite que personas de distintos lugares puedan acceder a una misma experiencia educativa, compartir distintas realidades y contar con clases que quedan disponibles. Hoy existen incluso simuladores de laboratorios en línea que, en algunos casos, pueden superar las experiencias presenciales. Tenemos una tecnología que permite desarrollar una experiencia educativa online muy completa.
Quizás la principal limitación es que quien estudia en esta modalidad debe tener cierto nivel de autonomía. Pero es una alternativa especialmente relevante si consideramos que la población está envejeciendo y que debemos focalizarnos también en estudiantes adultos y trabajadores que necesitan compatibilizar su vida familiar y laboral con los estudios.
En la UVM, por ejemplo, a través de esta modalidad llegamos desde Arica hasta Punta Arenas, especialmente a lugares más aislados. Eso significa brindar oportunidades a personas que quizás no pudieron estudiar cuando eran jóvenes porque tuvieron que comenzar a trabajar y que hoy pueden acceder a una carrera que siempre quisieron desarrollar. Es una herramienta muy potente para generar oportunidades de desarrollo personal y profesional.
¿Qué elementos de la reforma de educación superior de 2018 considera necesario revisar?
Muchos han llamado a esa reforma el “código penal de la educación superior”, porque la palabra multa aparece mencionada cientos de veces. Es una ley que, a mi juicio, estuvo más orientada al control y la supervisión que a preparar al sistema para el futuro.
Fue una reforma pensada con un espejo retrovisor: buscó resolver situaciones que habían ocurrido en el pasado, pero no necesariamente proyectó cómo debía ser la educación superior en las próximas décadas. Nos falta abrir espacios para la innovación, apostar por la educación online y buscar nuevas formas de mejorar la calidad de las instituciones.
También necesitamos que los organismos de aseguramiento de la calidad, más que fiscalizar o sancionar, puedan acompañar los procesos de las universidades, como ocurre en otros países. Y hay un tema regional que tampoco está suficientemente considerado. La reforma no contempla de manera adecuada la realidad de las universidades regionales y, además, entrega al CRUCH una posición predominante respecto de otras instituciones, por ejemplo, en el comité de acceso.
Por eso creo que es una reforma que miró hacia atrás. Intentó corregir los problemas del pasado, pero no se proyectó suficientemente hacia el futuro.
¿Existen posibilidades reales de revisar o modificar esos aspectos?
Creo que sí. Los temas presupuestarios que estamos viendo hoy y el hecho de que algunas políticas públicas no hayan tenido en educación superior los resultados esperados abren una oportunidad para generar un diálogo distinto. Hemos estado conversando con las autoridades y existe una posibilidad cierta de revisar y cambiar algunas cosas.
Creo que este es el momento para hacerlo. Más que seguir creando nuevas normativas, lo que necesitamos es analizar lo que ya existe, evaluar qué ha funcionado y qué no, y realizar las correcciones necesarias. El desafío no es retroceder, sino construir un sistema de educación superior que tenga mayor certeza para las familias, más equidad para los estudiantes y mejores condiciones para que las universidades puedan innovar y aportar al desarrollo del país desde sus propios territorios.
