Durante los últimos meses la Municipalidad de Viña del Mar ha estado en el centro del debate regional. Lo que surgió como un rumor y un malestar ciudadano, fue tomando fuerza al revelarse datos que daban cuenta de un déficit en la gestión municipal. Lo anterior llevó al Concejo Municipal a trabajar intensamente tratando de aclarar los números y las causales de la deuda y llevó también a la administración municipal, junto con reconocer la deuda, a presentar una propuesta de reorganización interna del municipio.
Ésta consiste básicamente en crear dos departamentos que centralicen uno la gestión, fiscalización y control; otro, la captura de recursos. Lo anterior se argumenta en que la municipalidad es una estructura burocrática y pesada que había diversificado sus funciones perdiendo con eso agilidad tanto en la gestión de control como en la captación de dineros. Eso es lo que se está discutiendo en el Concejo Municipal en estos días, lo que junto a la licitación del Festival de la Canción y la posibilidad de renovar un lease back permitirían no sólo mejorar la gestión sino también cubrir el déficit municipal en un periodo que se espera no vaya más allá del mediano plazo.
Sin embargo es necesario explorar más profundamente acerca de las causas del déficit y ponerlo en un contexto nacional. Un dato importante a considerar en este análisis, es el reciente Informe de Gestión Financiera elaborado por la Contraloría General de la República. El informe, citado por el Mercurio con fecha 8 de mayo 2018, da cuenta de un alza sostenida de las deudas de los municipios del país en los últimos 5 años. Según el documento, «la deuda municipal global alcanzó los $922 mil millones en 2017 lo que representa un incremento del 34% en relación con el año 2013” (El Mercurio 8 de mayo 2018).
El reportaje citado también explora las causales de ese déficit y entre los principales están el crecimiento corriente de los gastos y los crecientes incrementos del gasto en transferencias a los sectores de educación y salud. Sin embargo y según se desprende del artículo citado, el más relevante de todos ellos estaría asociado al gasto en personal producto de dos modificaciones legales: la ley de plantas municipales y el pago de la asignación profesional. Estas modificaciones legales muy legítimas y justas por cierto – eso nadie lo discute – lamentablemente no han ido acompañadas de la provisión de fondos necesarios, lo que naturalmente ha afectado el presupuesto de todos los municipios del país. Algo parecido a lo que viene ocurriendo hace algunos años con los fondos provisionados para la administración de la educación y la salud por parte de los municipios, lo que finalmente hace que sean éstos mismos quienes deban proveer los fondos.
Como nunca las tormentas son monocausales, es probable que este descontento ciudadano provenga en parte del natural desgaste de una gestión que cumpliría 16 años, y que la ciudadanía legítimamente quiera cambiar. Sin embargo no hay que perder la perspectiva: junto con el legítimo deseo de los ciudadanos de ser ellos quienes elijan a sus candidatos, hay dos aspectos centrales que resolver en términos del ordenamiento actual de los municipios:
1. La necesidad imperiosa de modificar la ley en cuanto a lo que se refiere a las atribuciones de los Alcaldes y Concejales, ambas muy limitadas.
2. Es imprescindible revisar los recursos asignados a los Municipios y considerar de una vez por todas de que las leyes que se aprueben en el Congreso vayan acompañadas de los fondos necesarios.
De lo contrario, todos los Municipios del país más temprano que tarde van a terminar inexorablemente agobiados por las deudas.
