Edmundo Eluchans Urenda, candidato a Consejero Constitucional por Chile Vamos

“Estamos frente a una tremenda oportunidad de aportar desde lo constitucional a Chile dando certezas, seguridad y mayor libertad a las personas”

El abogado y expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas propone que las principales problemáticas del país – seguridad y narcotráfico, pensiones, salud y viviendo, sumados a la inflación y bajo crecimiento – sean tratados como los grandes desafíos del Estado para salir del estancamiento y acelerar el desarrollo del país.

Con la convicción de que el respeto es la línea base del diálogo, y que la coherencia en el actuar es el reflejo íntimo de los principios y valores que sustentan a las personas, Edmundo Eluchans, abogado y diputado por dos períodos, está postulando a Consejero Constitucional. Piensa que la nueva Constitución debe contemplar lo mejor de la vigente, y considera que su tarea es aportar, dialogar y defender para obtener un buen texto constitucional que coloque el foco en las personas, devolviéndoles el derecho a vivir en paz, dignamente y poder trabajar tranquilos.

A seis meses de haber ganado el Rechazo con el 62%,  ¿cómo evalúa el trabajo de la Convención pasada?

El proceso anterior fue malo, porque tuvo un diseño defectuoso, sumando la forma en que se vincularon los convencionales, en una suerte de reality show octubrista, donde cada uno de nosotros -como espectadores- observábamos a diario la falta de educación cívica, insultos,   soberbia y otras desafortunadas actuaciones que resultaron en la propuesta de un texto que fracturaba el país, una Constitución que dividía a todos los chilenos.

A su parecer, ¿por qué es importante la elección del 7 de mayo? ¿Qué está en juego?

La elección de Consejeros Constitucionales es tremendamente importante porque de ellos dependerá la calidad del texto que se elabore y de la sintonía que tendrá para resolver los problemas que afectan a millones de chilenos. Importante será la experiencia y trayectoria de los futuros Consejeros, de la disposición que tengan para lograr acuerdos, de anteponer el diálogo y la calma a la exacerbación; sin renunciar a nuestros principios y convicciones.

¿Cuáles son –a su juicio- los principales problemas que enfrenta el país?

Sin duda, el principal problema es de seguridad, delincuencia y narcotráfico. Hoy estamos sufriendo una delincuencia mucho más organizada, despiadada, que no trepida en matar cruelmente, que cuenta con armamentos de guerra muy superiores a la de nuestras policías, y que se coordina con bandas criminales y narcotraficantes para ir ocupando barrios, poblaciones y zonas de nuestro país.

Otro de los problemas es la inmigración ilegal descontrolada con más de 20 mil expulsiones pendientes reconocidas por la Ministra del Interior; la salud pública con más de 2 millones de chilenos en listas de espera para atención; la inflación, el estancamiento económico y el desempleo, las bajas pensiones, y déficit habitacional creciente que se estima en más de 700 mil viviendas, entre tantos otros.

Considerando la seguridad como el problema más sensible, ¿cuáles son sus propuestas?

Lo primero es reconocer que estamos viviendo una crisis de seguridad nunca antes vista, que requiere de medidas excepcionales, y para ello impulsaré que se trate la seguridad como un tema prioritario, dando respaldo a las policías. Crear y dar rango constitucional a la Defensoría de las Víctimas y establecer su reparación por parte del Estado. Se debe restringir la facultad de indultar del Presidente sólo a razones humanitarias. Declarar al terrorismo, al crimen organizado y al narcotráfico como contrario a los DDHH.

Respecto a la inmigración, ¿qué planteamientos presentaría?

Una migración ordenada históricamente ha sido un aporte al desarrollo de nuestro país, por tal motivo debe existir tolerancia cero a la inmigración irregular o ilegal. Plantearé devolver a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería el foco en la Seguridad Nacional y no orientarla preferentemente hacia los derechos sociales de los migrantes ilegales como se entiende y aplica hoy en día por el actual Gobierno. También impulsaré se agilicen los trámites de reconducción de migrantes irregulares a sus países de origen, y las expulsiones de quienes cumplen condena por pena aflictiva.

Subsidiaridad y Estado Social y democrático de derecho,  ¿cómo debemos entenderlo?

Hay muchos que hablan de Estado social y democrático de “derechos” en circunstancias que la norma constitucional es clarísima al señalar que “Chile es un Estado Social y democrático de derecho “, sin S. La diferencia es importantísima, ya que eso no se debe entender, como ha pretendido la izquierda extrema, que la Constitución obliga a otorgar derechos pensando quizás que esa es su tarea fundamental.

Tal interpretación ha dado pie para que, de otro lado, los republicanos digan que Chile Vamos ha renunciado a defender sus ideas, agregando que por temor o comodidad hemos cedido en una cuestión básica, que somos unos cobardes y entreguistas, y que con esta norma se está pavimentando el camino para un Estado socialista.

¿Podría reafirmar la postura de Chile Vamos?

Para que no haya duda y quede claro, en Chile Vamos no hemos renunciado a nuestras ideas. Muy por el contrario, las hemos defendido. La disposición constitucional – después de señalar que Chile es un Estado social y democrático de derecho – agrega “cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales , y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

La norma no puede ser más clara. No es posible con una interpretación seria de ella colegirse otro alcance que el que su lectura expresa. Debe recordarse que la primera regla de interpretación de la ley dice textualmente: “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.

A buen entendedor, pocas palabras. Con esta norma, Chile no se convierte en un Estado socialista, ni está renunciando a la subsidiaridad, ni estamos olvidando un principio básico de buena administración de  los recursos públicos, cual es el de la responsabilidad fiscal.

 

 

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